Chile enfrenta más de una década de sequía y una creciente variabilidad climática que han reducido significativamente la disponibilidad hídrica en la zona centro-sur del país. En la cuenca del río Biobío, esta situación genera tensiones entre los distintos usos del agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para la población, el riego agrícola y la resiliencia de los ecosistemas y actividades productivas del territorio. Frente a este desafío, Enel Generación Chile impulsó junto con la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío (JVBB) un modelo pionero de gobernanza colaborativa que transforma potenciales conflictos por el uso del recurso en acuerdos de cooperación de largo plazo.
Desde 2021, ambas organizaciones suscriben acuerdos operacionales anuales que reúnen a actores históricamente vinculados a distintos intereses sobre el agua: Essbio, asociaciones de canalistas, usuarios de riego, generadores hidroeléctricos y organismos públicos relacionados con la gestión hídrica. El sexto acuerdo consecutivo, vigente entre octubre de 2025 y mayo de 2026, establece compromisos concretos para enfrentar la escasez hídrica mediante una administración anticipada y coordinada del embalse Ralco, asegurando cotas mínimas de almacenamiento y caudales que permitan satisfacer los requerimientos sanitarios y agrícolas de la cuenca. A su vez, los usuarios consuntivos se comprometen a una utilización eficiente y responsable del recurso.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad hídrica de la cuenca del Biobío mediante una gestión integrada del agua que permita aumentar la resiliencia frente a la sequía, proteger el abastecimiento humano y productivo, y promover la colaboración entre actores públicos, privados y comunitarios. Sus metas incluyen garantizar condiciones de disponibilidad hídrica para el consumo humano y el riego durante los períodos críticos, consolidar mecanismos permanentes de gobernanza de cuenca y fortalecer la capacidad de adaptación de los usuarios frente a los efectos del cambio climático.
El principal elemento innovador de la iniciativa es que reemplaza una lógica reactiva ante la escasez por un mecanismo preventivo, formalizado y basado en confianza entre actores con necesidades distintas sobre un recurso compartido. Este modelo de gobernanza colaborativa es poco habitual en la gestión hídrica nacional y constituye una buena práctica replicable para otras cuencas que enfrentan presiones derivadas del cambio climático. El acuerdo incorpora planificación anticipada, compromisos verificables, seguimiento conjunto y una institucionalidad que se ha mantenido vigente por seis procesos consecutivos. La continuidad de estos seis acuerdos constituye además una evidencia concreta de efectividad, confianza y validación por parte de los actores participantes.
La iniciativa genera valor compartido para todos los involucrados. Las comunidades, agricultores y clientes sanitarios fortalecen su seguridad hídrica y capacidad de adaptación frente a la sequía; los organismos públicos cuentan con un espacio de coordinación que facilita la gestión sostenible del recurso; y Enel fortalece la resiliencia operacional de sus activos, la gestión de riesgos socioambientales y la construcción de relaciones de confianza con actores clave del territorio.
Su pertinencia regional es especialmente alta, dado que responde a una problemática crítica para la Región del Biobío y a la necesidad de compatibilizar múltiples usos del agua en una de las cuencas más relevantes del país. La participación activa de la JVBB, Essbio, asociaciones de canalistas, empresas generadoras, la Dirección General de Aguas y el Coordinador Eléctrico Nacional demuestra un modelo de colaboración público-privada y multiactor que ha permitido avanzar desde la gestión del conflicto hacia la construcción de soluciones compartidas para enfrentar la sequía.
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